Los comerciantes y los consumidores están ya contra el reloj para comenzar a acostumbrarse al hecho de que no podrán llevarse su compra en bolsas plásticas. El 24 de diciembre – a un año de su aprobación- entrará en vigor la ley que prohíbe a los establecimientos utilizar las bolsas plásticas y exige la eliminación de las mismas. Los comerciantes acudieron ayer al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para expresar sus preocupaciones sobre la implementación de esta ley.
Nelson Ramírez, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD) compareció ayer a una vista ante un examinador del DACO que evalúa el borrador del reglamento preparado para cumplir con esta ley.
Dijo que el reglamento propuesto por DACO es más estricto que la misma ley y criticó las multas a las que serían expuestos los comerciantes y que llegan hasta $500. Dijo que favorecería una extensión de esta nueva legislación, a lo que no está dispuesto el autor del proyecto, el representante popular José Báez. “En la parte de las multas, establece que se dará una multa de $500 que va a empezar a ganar intereses desde que se emita la multa. Pero hay un proceso uniforme que dice que deben pasar 30 días después de la notificación para entonces acumular intereses, no antes. Ellos están poniendo detalles con penalidades que realmente son otro agravio más para los pequeños y medianos comerciantes”, dijo. “Es un costo adicional para el consumidor porque tiene que pagar las bolsas reciclables que pueden costar entre $1 y $2”.
Cuestionó además los comercios que, según el reglamento, están exentos de cumplir con la ley.
“El reglamento es un poco más estricto de lo que establece la propia ley. Los establecimientos de comida están exentos, pero tienen que cumplir las licorerías, los bares, los carros ambulantes, las ferias y festivales. Todo el mundo tiene que cumplir, pero en otro lado dice que las tiendas que venden alimentos no tienen que cumplir. ¿Qué pasa con establecimientos como las panaderías y gasolineras que venden alimentos?”, cuestionó.
Los comerciantes, dijo, solicitaron tiempo adicional.
“Todos queremos que se cuide el ambiente y que estas bolsas dañinas se prohíban, pero entendemos que debe haber procesos de mayor orientación para que sepan cómo cumplir con esa reglamentación porque estoy seguro que todo el mundo quiere cumplir”, dijo.
La ley da seis meses adicionales en los que DACO solo puede dar advertencias a los comerciantes que no hayan eliminado estas bolsas. La ley no le aplica a los establecimientos de comida ni a los puntos de venta en aeropuertos y puertos.
El secretario de DACO, Nery Adames, dijo por su parte que el reglamento debe estar ya en el Departamento de Estado en las próximas dos semanas. Negó que el reglamento sea más estricto que la ley y recordó que, pese a las críticas que pueda tener la medida, DACO no puede cambiar la legislación.
Aseguró que hay comerciantes haciendo las modificaciones que exige la ley y que el resto tendrá otros seis meses para acoplarse a la nueva legislación.
“Hay algunos que están haciendo sus arreglos. Mi experiencia es que, como cualquier cambio, habrá un tiempo de transición y ajuste que en seis meses espero que se complete. Tiempo han tenido”, dijo Adames. “Se añaden seis meses, que son un tiempo de transición antes de que comiencen las multas y realmente no habrá excusa alguna de un comercio que diga que no puede cumplir”, sentenció el secretario. “La experiencia en otros países que han implementado esto es que siempre hay un periodo de ajuste y que luego la vida se torna muy normal utilizando otro tipo de bolsas para acarrear sus artículos”, agregó.
Destacó que en Puerto Rico se usan mil millones de estas bolsas al año de las cuales 1 por ciento se recicla. La ley establece que las multas serán de $100 por la primera infracción, $150 por la segunda y $200 por cada violación posterior con la capacidad de cobrar recargos de hasta un 10 por ciento de la multa impuesta.
Según la Autoridad de Desperdicios Sólidos, hay tres municipios con ordenanzas municipales que prohíben el uso de estas bolsas: Rincón, Cabo Rojo y Vieques.
Elsie Guerra, empleada del Municipio de Rincón, aseguró que la ordenanza no afecta su vida diaria, más allá de tener que llevar bolsas reusables cuando hace sus compras. Comparó la experiencia con comprar en los almacenes que no suplen estas bolsas, sino que tienen cajas de cartón para las compras de sus clientes.
“Yo he visto mucha gente que echa la compra en el baúl del carro, como hacen en Sams que no te dan ninguna funda. Todos nos hemos acoplado al sistema”, aseguró. “De momento cuando he tenido que ir a otro pueblo a comprar, por costumbre me llevo mis bolsitas. Los demás me miran extraño, pero para mí es usual”.
Báez, por su parte, aseguró que no favorecería enmendar la legislación para dar más tiempo a los comerciantes. Recordó que la ley fue aprobada hace un año y que, a partir de diciembre, todavía hay seis meses adicionales para realizar el cambio.
“Eventualmente todos vamos a aprender. Todos tenemos una vida ajetreada y vamos a terminar metiendo unas bolsas en el carro, aunque sea una bolsa Glad. No tienes que usar bolsas cursi. Si alguien tiene en su casa las bolsas plásticas, las puede llevar al comercio hasta que se le rompan. ¿Por qué una persona necesita tiempo adicional si estoy diciendo que hay seis meses más?”, cuestionó Báez. “Puedo ser el comerciante más rebelde y estar hasta junio repartiendo bolsas y no me pueden dar ni una multa. ¿Realmente se necesita tiempo adicional? Yo no lo veo, a menos que se me esté escapando algo”, puntualizó.
Por: elvocero.com